Por Juan Manso
Argentina construyó, a lo largo de décadas, uno de los sistemas universitarios públicos más importantes de América Latina. Hoy existen 67 universidades nacionales y más de 2,5 millones de estudiantes cursando estudios superiores. Más de 2 millones lo hacen en universidades públicas.
Ese modelo fue —y sigue siendo— una de las herramientas más poderosas de movilidad social que tuvo nuestro país. Miles de profesionales, empresarios, científicos y trabajadores pudieron acceder a oportunidades que antes parecían imposibles gracias a la educación pública.
Pero también hay datos que obligan a reflexionar.
La deserción universitaria supera el 50% en muchas carreras y apenas 3 de cada 10 estudiantes logran graduarse en tiempos razonables. No se trata solamente de cantidad de alumnos; el verdadero desafío es qué formación reciben, cuánto logra adaptarse el sistema a los cambios del mundo y qué profesionales necesita la Argentina que viene.
Durante muchos años el país consolidó una matriz educativa muy orientada a profesiones tradicionales. Argentina posee una de las tasas más altas de abogados por habitante del planeta. Y, aunque ninguna profesión debe ser desvalorizada —porque todas cumplen un rol fundamental en una sociedad democrática—, los números muestran una realidad más profunda: hemos formado una estructura mucho más preparada para administrar conflictos y burocracia que para liderar procesos de innovación, desarrollo tecnológico y producción de valor.
Mientras el mundo avanza hacia la inteligencia artificial, la automatización, las energías renovables, la biotecnología, la robótica y la economía del conocimiento, Argentina sigue teniendo déficit de ingenieros, técnicos especializados, programadores y perfiles vinculados al desarrollo productivo.
El problema no es la universidad pública. El problema es que el debate educativo muchas veces quedó detenido en discusiones del pasado, mientras el mundo cambió de velocidad.
Hoy los países que crecen son los que logran conectar educación, producción y tecnología. Son los que generan conocimiento aplicado, innovación y competitividad. Y eso requiere revisar prioridades, modernizar contenidos y acercar mucho más las universidades al sistema productivo real.
La discusión ya no puede limitarse a defender o cuestionar el financiamiento universitario. El verdadero debate es cómo construimos un sistema educativo capaz de preparar a nuestros jóvenes para los próximos 20 o 30 años.
Necesitamos universidades más vinculadas al empleo del futuro, más articuladas con el sector privado, más conectadas con la ciencia aplicada y con una visión estratégica del desarrollo nacional. Necesitamos fortalecer las carreras técnicas, las ingenierías, la formación digital y las capacidades que el mundo demanda.
Porque nuestros hijos competirán en una economía global donde el talento, la innovación y la tecnología definirán el crecimiento de los países.
La universidad pública debe seguir siendo un orgullo argentino. Pero también debe animarse a evolucionar.
No para abandonar su esencia, sino para cumplir mejor su misión histórica: generar oportunidades reales de progreso, desarrollo y movilidad social en el mundo que viene.
